Su conclusión es que la persiguen porque hace mucho y bien. Pronuncia la palabra “envidia” al pasar durante el trayecto entre los Tribunales y Las Talitas, ciudad donde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ) que conduce desde hace dos décadas está erigiendo 340 viviendas. Y se deshace en elogios para sus tres barrios financiados por el Estado, AGEJ I (Los Pocitos, Tafí Viejo), y II y III (Las Talitas), y añade que proyecta construir tres más. Insiste en que la clave es la calidad. “Yo hago casas dignas, no hay estafa del siglo”, dice Ada Altuve, secretaria general imputada en una causa penal con requerimiento de elevación a juicio firmado por Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción de la V Nominación de esta capital.

La visita se desarrolla en dos predios de Las Talitas que albergan unidades terminadas o a medio terminar (las 340 serán traspasadas a los dueños en mayo o junio, si las lluvias lo permiten). Mientras recorre las obras con un grupo de dirigentes del gremio, Altuve apunta: “hay que volver cuando cortemos el pasto”. Y luego de asegurar que ya entregó las 227 unidades de Los Pocitos, bromea: “con el tiempo me voy perfeccionando; ya estoy para sacar el título de arquitecta”. Entonces, la comitiva ingresa a una de las casas de 50 metros cuadrados promedio, que constan de cocina-comedor, dos dormitorios y baño, e incluyen fondo. “Vienen con piso, azulejos y buen equipamiento. Disponen de gas natural y acceso garantizado a los demás servicios. Volveremos a pintarlas antes de darlas para que el dueño sólo tenga que hacer la tapia”, anuncia Altuve, que tiene 67 años y más de 40 en Tribunales.

Trámites ante la Nación

Detrás de esas cuadras pavimentadas y de esas manzanas con viviendas homogéneas aún desiertas hay numerosas diligencias concretadas directamente ante los funcionarios nacionales. Altuve dice que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) sólo interviene en la selección de los adjudicatarios y en el cobro de las cuotas. Según sus cálculos, una casa terminará costando $ 200.000 y $ 236 millones invirtió aproximadamente el Estado en los tres barrios de AGEJ. “Por una cuestión de transparencia, todo fue licitado. Ningún miembro de la comisión directiva recibió casas”, avisa. Y se ufana de haber “regalado” el terreno: “pero sí hemos pedido a los postulantes ‘un mínimo’ de entre $ 2.000 y $ 6.000 para reformular los planos y gestionar los fondos de la Nación, porque estos proyectos no vienen por (Gustavo) Durán (interventor del Ipvdu)”.

Hechos los comentarios preliminares, la gremialista se pone a rebatir los argumentos de Navarro Dávila. “Los 280 denunciantes que aparecen en el requerimiento están arreglados”, afirma. Agrega que unos recibieron casas en Los Pocitos, y que otros tendrán sus propiedades en AGEJ II y III. “Y los restantes, que son los que no reunían los requisitos para acceder a una vivienda social, recibieron el dinero que habían dado al gremio. Hubo gente que no ratificó su denuncia y gente que desistió, pero el fiscal no la tuvo en cuenta”, critica.

La gremialista judicial confiesa que “esta injusticia la desespera”. “Yo genero mano de obra para 580 obreros. Esos trabajadores y sus familias viven de esto, pero, si siguen los ataques, corto todo”, advierte. El enojo dura dos minutos a Altuve, que dirige el gremio más potente de Tribunales -tiene casi 2.000 afiliados- y que el año pasado fue ascendida a secretaria judicial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Porque me lo merecía”, precisa. La mujer que estudió Ciencias de la Educación se queja de que forma y forma dirigentes, pero, al final, nadie se anima a tomar el timón de AGEJ. “Llego hasta el sexto barrio y me jubilo”, anticipa justo cuando el auto pasa por uno de los fundos que albergarán las próximas 500 viviendas de la entidad. Con una sonrisa señala: “esto es mío, bah, del gremio”.